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Cuánto nos cuesta Cuesta?

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El consejero del presidente de la república que tiene a cargo la “optimización” de las empresas públicas del Estado parece decidido a llevar hasta el fin su maniobra. Santiago Cuesta colma de eufemismos su discurso para no decir privatizaciones porque sabe que no son constitucionales. El funcionario anunció recientemente que el gobierno ha dado la autorización para “concesionar” la administración de la CNT a un privado. Pero la Constitución lo que permite es delegar en casos excepcionales la participación a empresas mixtas en las cuales el Estado sea accionista mayoritario. Además la Constitución reza que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos.

Si el discurso del consejero Cuesta ha sido astutamente engañoso, la justificación de tal operación ha sido grosera. De acuerdo a la versión de Cuesta la “concesión” seria por unos 4 mil millones de dólares, por un periodo de 20 años y el Estado se reservaría el 25% de las utilidades. Es decir que en lugar de que el Estado reciba el 100% de las utilidades, tal como ocurre hoy, el Estado renunciaría al 75% de las utilidades a favor de una empresa privada por el solo hecho de administrarla. No será que detrás del lenguaje nebuloso del consejero se esconde un atraco a los ecuatorianos?

Más allá de las urgencias económicas a corto plazo del gobierno, qué interés tendría el Estado para “concesionar” una de las empresas públicas más rentables? El argumento del consejero es que la empresa estatal “no ha salido a contrarrestar y bajar los precios de sus servicios.” Debemos entender entonces que la empresa privada va a bajar las tarifas? El señor Cuesta cree que los ecuatorianos somos ingenuos? Es lógico y legítimo que la empresa privada busque la mayor rentabilidad de su inversión, por eso, no sólo que las tarifas no van a bajar, sino que además habrá despido de trabajadores y se incrementará la brecha de desigualdad de acceso tecnológico entre el campo y la ciudad.

El señor Cuesta, “el hacedor” como lo calificó el periodista Gonzalo Rosero en radio Democracia, dijo haberse reunido con todas las centrales sindicales y que están de acuerdo con la “concesión.” Cierto que los sindicatos han jugado un papel ambiguo durante los casi dos años del presidente Moreno y es difícil precisar su posición pero en la sociedad ecuatoriana no existe un consenso generalizado sobre las privatizaciones. Además el anti obrerismo de las expresiones del consejero hace poco creíble un tal acuerdo con todos los sindicatos. Al respecto expresó en la radio que “hay empleados de sobra” y que “el rol del Estado no es un montón de porquerías que tenemos en la panza del Estado que tienen un montón de burocracia y nos cuesta una fortuna.” Por otro lado, Fernando Ibarra presidente del Parlamento Laboral, declaró en radio Sonorama que “un andamiaje perverso de un sector empresarial codicioso que abusando de las circunstancias políticas y económicas del país quieren llenarse los bolsillos con los bienes del Estado.”

Ciertamente que la maniobra del consejero Cuesta cada día se desacredita más. Un entorno fétido se cierne sobre el consejero, la cercanía con Enrique Cadena empresario petrolero cuestionado por presunta corrupción, sus vínculos con Paul Manafort acusado de lavado en EE.UU., quien se entrevistó –recordemos- con el presidente Moreno a pocos días de ser elegido, en fin … Según reportaje de Teleamazonas Cuesta no registra pago de impuesto a la renta de 2012 a 2017 y tampoco su empresa encuestadora CMS de 2010 a 2014, sin embargo en los últimos dos años habría sacado dinero del país por unos 480 millones de dólares. Pese a todo el presidente Moreno ha confiado en manos de Cuesta la “concesión” de las empresas públicas.

Un informe de Oxfam de 2018 (Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos) explica como la captura del Estado por parte de las elites económicas tiene efectos negativos sobre la desigualdad y la democracia. “Cuanto más el poder está concentrado en las elites más capacidad tienen de crear o modelar leyes, políticas e instituciones que faciliten sus privilegios y, por lo tanto, de minar las reglas fundamentales del sistema democrático.” La ley de fomento productivo y las “concesiones” de las empresas públicas son dos ejemplos que van en el sentido que alerta el informe de Oxfam.

No creo que el consejero Cuesta este a la altura de la tarea, no sólo por las sospechas del señor Ibarra y por las denuncias de Telemazonas sino porque no entiende la razón de ser de una empresa pública pues no reconoce la diferencia entre un cliente y un usuario. Permítame decirle señor presidente Moreno –si aún es usted quien gobierna- que su consejero Cuesta nos cuesta mucho a los ecuatorianos.

Carlos Guevara Ruiz

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